Por Natacha Misiak y Alejandro Moreyra
La distancia entre el Centro Cerrado para Jóvenes Adultos de Virrey del Pino y la urbe es muy grande. Pensada para alojar a jóvenes de entre 18 y 21 años, que ya han sido condenados, la unidad se encuentra emplazada a la altura del kilómetro 42 de la Ruta 3, en un paraje separado de esta arteria por dos kilómetros de calles de tierra que no recorre ningún colectivo.
En esa soledad, apenas diez días después de su inauguración, en noviembre de 2008, ocurrió lo impensado: dos menores de 16 y 17 años aparecieron ahorcados en sus celdas, en dos días consecutivos. Ambos hechos fueron caratulados como suicidio, y el penal dejó de funcionar tras una orden de desalojo.
Hoy, a más de dos años de la tragedia, las nuevas autoridades se proponen borrar el estigma que aun pesa sobre la unidad. “Desde nuestro punto de vista, esta institución fue inaugurada apresuradamente, sin tomarse las precauciones del caso. En la primera apertura, se tuvo en cuenta solo la capacidad de alojamiento, no de trabajo”, afirmó a El1 Alberto Acosta, director de la institución desde su reapertura.
Cambio de paradigma
El proyecto de la flamante gestión es adecuar el régimen del penal la normativa establecida por la ONU para los jóvenes privados de su libertad. Para ello, y con la idea de “hacer las cosas un poco mejor”, el equipo de profesionales se propone habituar, de a poco, a los internos.
El trabajo empezó el 7 de diciembre pasado, cuando arribaron los primeros cuatro internos. Hoy, a tres meses de aquel día, ya son doce los detenidos y se espera que sigan ingresando, paulatinamente, hasta que se complete el cupo de 40.
En realidad, la infraestructura fue diseñada para alojar a 120 personas en celdas individuales divididas en seis módulos, pero solo se hará uso de un tercio de las instalaciones. Según el director, esto responde a la intención de terminar con la idea de que la cárcel es un depósito de presos y de ofrecerles a los chicos una atención personalizada.
Otra oportunidad
Esta iniciativa surgió a partir de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el Servicio Penitenciario Bonaerense, y pretende reinsertar en el sistema escolar a los jóvenes que no terminaron el colegio. Para eso, se cuenta con la colaboración de docentes que dan clases en el mismo penal, que está equipado con aulas.
De todos modos, lo que más esperan los chicos son los talleres de oficios -que aun están en etapa de armado-, básicamente, porque quieren aprender a hacer algo para poder sustentarse cuando salgan de prisión. Afuera, muy pocos tienen a alguien que los espere; algunos, incluso, ni siquiera son visitados por sus familiares.
El único apoyo con el que cuentan es el equipo de profesionales del centro, conformado por un psicólogo, dos médicos, cuatro enfermeros, 25 miembros del Servicio Penitenciario y dos trabajadores sociales.
“La idea es salir con un oficio para poder trabajar. Acá, te ayudan, aunque no es fácil, porque todo lleva tiempo. El lugar está bueno, porque estás más tiempo afuera de la celda”, cuenta Víctor, de 20 años, que espera, como sus compañeros de “pabellón” -oficialmente, las autoridades prefieren que se los llame “módulos de alojamiento”-, que, esta vez, las promesas no se evaporen.
Antes de salir, tendrán que aprender, de a poco, a ser responsables, hacerse su propia comida y lavarse la ropa, mientras se preparan para afrontar algún proyecto personal con el que puedan salir adelante.
El director
Alberto Acosta es licenciado en Trabajo Social y especialista en Ciencia Penal, combo que, quizás, sea el que lo llevó, tras 30 años de trabajo en diversas instituciones del Servicio Penitenciario, a intentar desarrollar un proyecto nuevo en Virrey del Pino.
Hoy, como director del Centro Cerrado para Jóvenes Adultos, expresó a El1 cuál es su idea sobre un nuevo tipo de sistema penitenciario.
¿En qué consiste este proyecto?
Se firmó un convenio por el cual trabajamos conjuntamente entre la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y el Servicio Penitenciario, en el que se decidió que, mientras los penitenciarios se hacen cargo del traslado, guarda y custodia de los internos, la Subsecretaría continúa el tratamiento de los jóvenes, para evitar que el joven vaya a una institución carcelaria.
¿Cree que estos chicos tienen posibilidades de reinserción?
Yo recuerdo ver crecer jóvenes que se criaron en instituciones y salieron gente buena.
Existe una imagen estigmatizante del chico delincuente. Nosotros tenemos muchos jóvenes que nos hacen ver que es la primera vez que tienen la posibilidad de hablar con alguien que les explique lo que está mal. Nuestro objetivo principal es la reintegración social.
Requisitos
El método de selección de detenidos para esta unidad no es aleatorio, sino que busca estar en sintonía con la propuesta institucional.
En primer lugar, ya no se alojan menores, sino jóvenes de entre 18 y 21 años, aunque existe la posibilidad de que los detenidos permanezcan hasta los 25.
Además, los ingresantes deben contar con condena firme y provenir de Minoridad, no de un penal.
En lo posible, se intenta que ninguno de los internos reciba medicación psiquiátrica. “Acá, trabajamos en la prevención; los chicos no están por patologías”, explicó, a este semanario, el doctor Javier Candia, asistente sanitario de la institución.
Fecha de Publicación: 2011-03-14
Fuente: El1
